Según el acuerdo
entre el Gobierno de España y el de Canarias el traspaso de las competencias en
Costas se tenía que haber producido el pasado 1 de enero.
Pedro Amador: “es
una tomadura de pelo que ahora el presidente Torres plantea un conflicto de competencia
al Estado, porque ello supone prolongar la agonía de trabajadores y familias”.
El acuerdo entre el Gobierno de España y el
Gobierno de Canarias para la transferencia a la comunidad autónoma de las
competencias en materia de costas se materializó a través del Real Decreto
713/2022 en el que se establecía que la fecha para el traspaso efectivo de las
competencias era el 1 de enero de 2023. Sin embargo, a día de hoy ese traspaso
de competencias no se ha hecho efectivo, lo que provoca inseguridad jurídica
sobre el órgano competente en la materia.
La transferencia de la competencia en materia
de gestión del litoral es algo sobre lo que se viene hablando desde hace años y
de manera concreta a lo largo de esta legislatura.
Un aspecto decisivo para
Canarias, ya que se podrían desbloquear expedientes enquistados arbitrariamente
desde Madrid como el de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas que mantiene en
vilo a los más de 700 trabajadores de ambos complejos y, en general, a la
población del municipio de La Oliva.
“La salida del presidente del Gobierno de
Canarias no ha sido la de coger el toro por los cuernos y exigir el traspaso
efectivo, sino que ahora en algunos medios de comunicación habla de la
posibilidad de un conflicto de competencia al Estado, una tramite engorroso y
dilatado en el tiempo”, critica Pedro Amador, quien no entiende “por qué Torres
no habla directamente con el gobierno que es de su mismo partido y que este
mismo fin de semana ha estado con el presidente Sánchez de campaña electoral
por algunas islas”.
Desde En Marcha se ve con preocupación la
inseguridad jurídica que crea esta situación, ya que si nos vamos al BOE la
competencia de Costas a día de hoy es del Gobierno de Canarias, pero en la
práctica la sigue ejerciendo el Gobierno de España.
Una situación que podría
provocar la nulidad de todos los actos que al respecto dicte el Gobierno de España,
porque no es competente para ello según el BOE.
Pedro Amador se muestra muy crítico, “no
entendemos cómo es posible que nadie se haya pronunciado sobre esta situación,
además de que no entendemos para qué se han hecho reuniones en el Cabildo y del
consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias con las
administraciones locales”.
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