- El Ejecutivo autónomo paralizará el procedimiento
hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la pertinencia de la
suspensión cautelar
- Ante el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Consejo de Ministros
El Gobierno de Canarias
expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) avalará la
consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas al entender que
la misma es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto
recogido en la Constitución española.
El recurso anunciado hoy por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no obsta para que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.
El Gobierno de Canarias subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales. En esa dirección, entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España.
La consulta tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.
En relación a la pregunta que se pretende formular, ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino por el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago, competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En esa dirección, el Gobierno de Canarias considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios.
El Gobierno de Canarias seguirá defendiendo, en cualquier caso, el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto de especial trascendencia para su futuro, que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico. Entiende, desde esa óptica, que la decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada.
De la misma manera, el Ejecutivo seguirá promoviendo todas aquellas acciones que considere oportunas para paralizar las prospecciones petrolíferas, tanto desde el ámbito político, social o judicial.
En este sentido, recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 9 de octubre el inicio de acciones judiciales en contra de la Resolución del 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía, a su vez, desestimó el requerimiento previo formulado por el Gobierno de Canarias contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados "Canarias1" a "Canarias 9". Esta iniciativa incluye la solicitud de la suspensión cautelar de la citada resolución.
Asimismo, el Gobierno canario seguirá respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones.
En relación con el recurso promovido por el Gobierno de España ante el TC que conlleva la suspensión cautelar de los decretos impugnados, el Gobierno de Canarias acatará la decisión judicial y suspenderá los procedimientos relacionados con la consulta ciudadana hasta que el Alto Tribunal se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de la misma.
El recurso anunciado hoy por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no obsta para que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.
El Gobierno de Canarias subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales. En esa dirección, entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España.
La consulta tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.
En relación a la pregunta que se pretende formular, ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino por el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago, competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En esa dirección, el Gobierno de Canarias considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios.
El Gobierno de Canarias seguirá defendiendo, en cualquier caso, el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto de especial trascendencia para su futuro, que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico. Entiende, desde esa óptica, que la decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada.
De la misma manera, el Ejecutivo seguirá promoviendo todas aquellas acciones que considere oportunas para paralizar las prospecciones petrolíferas, tanto desde el ámbito político, social o judicial.
En este sentido, recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 9 de octubre el inicio de acciones judiciales en contra de la Resolución del 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía, a su vez, desestimó el requerimiento previo formulado por el Gobierno de Canarias contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados "Canarias1" a "Canarias 9". Esta iniciativa incluye la solicitud de la suspensión cautelar de la citada resolución.
Asimismo, el Gobierno canario seguirá respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones.
En relación con el recurso promovido por el Gobierno de España ante el TC que conlleva la suspensión cautelar de los decretos impugnados, el Gobierno de Canarias acatará la decisión judicial y suspenderá los procedimientos relacionados con la consulta ciudadana hasta que el Alto Tribunal se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de la misma.
