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Las
oposiciones a auxiliar administrativo han sido recurridas y se encuentran en un
contencioso administrativo del TSJC
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"La
ex concejal sacó un 10 en un examen de categoría superior a la convocada",
28
de octubre 2014. El
Partido Popular en Puerto del Rosario denuncia que las oposiciones a auxiliar
administrativo han sido recurridas y llevadas a los Tribunales debido a las
irregularidades en el procedimiento de elaboración y puntuación de los ejercicios
planteados en el examen a los opositores.
Así, los denunciantes alegan
en un escrito presentado en el Ayuntamiento que "el supuesto práctico no
se ajusta ni al temario específico ni a las funciones propias de la plaza,
excediendo y exigiendo el Tribunal conocimientos jurídicos".
Además, los opositores
cuestionan la valoración efectuada por el Tribunal que exigían que se citaran "preceptos
legales para alcanzar la máxima puntuación".
Cabe recordar que los que
se han quedado sin plaza son empleados del cuadro laboral de este ayuntamiento
que superan los 10 y 15 años de experiencia.
"Sorprende que la
buena suerte siempre esté del lado de dirigentes de CC y de sus familiares o
de, en este caso, asesora de la Alcaldesa de La Oliva mientras que los
trabajadores sin afiliación política se quedan sin plaza y en la calle",
asegura el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Carlos
Figueroa.
Los recurrentes de este
proceso, en la demanda presentada ante el TSJC, solicitan como medida cautelar
"la suspensión del acto administrativo de toma de posesión de los opositores
hasta que la justicia no resuelva".
"El Alcalde arriesga
a la corporación municipal una vez más a hacer frente a indemnizaciones
millonarias como ocurrió recientemente con una trabajadora social a la que ha
tenido que indemnizar con 100.000 euros de todos los vecinos".
En el escrito presentado
por los recurrentes advierten al Alcalde y a la concejala de personal que se
podría estar cometiendo un delito de prevaricación penado por el artículo 404
del Código Penal: "A la autoridad o
funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez
años".
Los majoreros tienen la
sensación de que es inútil presentarse a unas oposiciones en Fuerteventura
porque "todo está dado siempre a los mismos. Esto es triste y vergonzoso
para todas aquellas personas que de verdad estudian, que pagan sus tasas y que se
presentan en inferioridad de condiciones frente a aquellos que manifiestan
militancia y experiencia política. Es una vergüenza".
