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El PSOE demanda al Gobierno de España
una Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables y contra la Pobreza
Energética.
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Los socialistas instan al Gobierno, a
recuperar las políticas de igualdad de trato entre hombres y mujeres a través
del mantenimiento del Instituto de la Mujer.
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Las mociones socialistas serán
presentadas en todos los Ayuntamientos y el Cabildo Insular
La pobreza energética es una
consecuencia más de la grave crisis social y económica que la ciudadanía está
padeciendo. Se define como aquella situación que sufren
los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de
energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se
ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la
factura energética de sus viviendas.
En
la actualidad y, según indica el estudio realizado por la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), son ya 7 millones de españoles los que se
encuentran con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz a
final de mes, "viéndose estos en la tesitura de tener que dar prioridad o
elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo
de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no" indica el Secretario
General del PSOE, Blas Acosta.
El
PSOE entiende que "frente a este grave problema existen diferentes
posicionamientos", como el llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy de
"mirar hacia otro lado", sin embargo, los socialistas plantean la
adopción de unas medidas estructurales que remedien las situaciones dramáticas
que pueden ser evitadas con una Ley de Protección de los Consumidores
Vulnerables y contra la pobreza Energética.
La
Unión Europea instó a los diferentes Estados miembros, a aplicar unas normas
elaboradas con el objetivo, por un lado de garantizar el suministro de gas y
electricidad a un coste asequible para el consumidor vulnerable y por otro de
prohibir la desconexión del suministro durante los meses invernales.
En
base a ello, el PSOE de Fuerteventura estima preciso legislar para que el
suministro de energía sea un derecho social básico, para que los consumidores
vulnerables accedan a la tarifa social en función de sus ingresos y no del
mercado y garantizar el suministro eléctrico a las personas que se encuentran
en situación de pobreza energética durante los meses de invierno, financiando
la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los
Presupuestos Generales del Estado.
Por
otro lado, el PSOE presentara a su vez mociones para exigir al Gobierno el
mantenimiento del Instituto de la Mujer como órgano autónomo centrado en la
protección de los derechos de las mujeres y en la lucha por la igualdad de
oportunidades.
Desde
su puesta en marcha en 1983, el Instituto de la Mujer tenía entre sus funciones
promover las condiciones que hicieran posible la igualdad entre hombres y
mujeres, impulsar la participación de las mujeres en la vida económica,
política, social y cultural del país, además de coordinar los trabajos
desarrollados por los diferentes Ministerios y demás organismos estrechamente
relacionados con la mujer.
Además,
el Instituto de la Mujer fue el apoyo para la creación de servicios de atención
a las mujeres con mayores dificultades y el desarrollo de políticas de igualdad
a nivel autonómico y local. Al mismo tiempo, el Instituto de la Mujer colaboró,
apoyó y siguió la aplicación de leyes sumamente importantes para las mujeres
como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley
de Dependencia y, como no, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por
esa experiencia dilatada del organismo de la Mujer, el PSOE denuncia la
desaparición del mimo el pasado día 16 de septiembre, cuando el Boletín Oficial
del Estado decretaba que el Instituto de la Mujer pasaba a denominarse
"Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades" quedando
totalmente diluidas las funciones realizadas hasta entonces por el organismo
estatal de la Mujer, restándole capacidad de acción frente al resto de
organismos públicos, además de añadirle la responsabilidad de las políticas
contra la discriminación de personas por razón de nacimiento, sexo, origen
racial lo étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad o
cualquier otra circunstancia personal o social.
"Parece
que el Gobierno no quiere entender que en materia social, se trata de ampliar
derechos e intensificar esfuerzos, no de reducir y fragmentar los ya escasos
recursos existentes" denuncian en el PSOE.
Por
ello, el PSOE exigirá al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer tal y
como fue concebido además aumentar su dotación presupuestaria con el objetivo
de que pueda seguir ocupándose de temas tan prioritarios como la erradicación
de la violencia de género, el empleo, la educación no sexista, la trata de
personas con fines de explotación sexual, etc.
Por último, la moción exige, desde el
Instituto de la Mujer, se siga apostando por el trabajo conjunto en
colaboración con las autonomías y entes locales y que se tramite la Ley
Integral de Igualdad de trato y no discriminación con el fin
de profundizar en el valor de la igualdad más allá de su
reconocimiento legal y garantice la igualdad de trato y la lucha contra la
discriminación.
