-
"El ministro, como el pequeño Nicolás que se colaba en círculos de poder que le eran ajenos, presume de conocer la opinión del Tribunal Constitucional sobre la propuesta del Gobierno de Canarias de consultar a la ciudadanía; y todo ello a pocas semanas de que se inicien las catas de las prospecciones en nuestras aguas"
-
Hay que animar al PP para que no se obceque en negar la voz a las miles de personas que en Canarias aspiran a reflejar su opinión
El
hecho de que el ministro de Industria del Gobierno central, José Manuel
Soria, anticipe la opinión del Tribunal Constitucional (TC, una vez más
actuando como 'portavoz' de la Justicia) sobre la consulta popular que
el Gobierno de Canarias pretende llevar a cabo en el Archipiélago sobre
la posibilidad de que la compañía Repsol desarrolle prospecciones
petrolíferas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote, resulta,
cuanto menos, sospechosa acerca de la deriva judicial que quiere intuir
el ministro sobre un asunto de capital importancia para las Islas, como
es el hecho de que en las próximas semanas se operen catas en busca de
petróleo en las proximidades de nuestras costas.
El
vicesecretario general del PSOE de Fuerteventura, Juan Jiménez
González, afirma que "el ministro, como el pequeño Nicolás que se colaba
en círculos de poder que le eran ajenos, presume de conocer la opinión
del Tribunal Constitucional sobre la propuesta del Gobierno de Canarias
de consultar a la ciudadanía; y todo ello a pocas semanas de que se
inicien las catas de las prospecciones en nuestras aguas".
De
todo ello se desprende una clara intencionalidad de negar la
probabilidad de que los residentes en Canarias puedan expresarse a favor
o en contra, en una consulta que no pretende otro temido fin político
que el ya expresado desde hace semanas, aduciendo una deseada
inconstitucionalidad al respecto, de que las aguas cercanas a
Fuerteventura y Lanzarote se vean salpicadas por las picas de la
compañía adjudicataria de dichas exploraciones.
La
circunstancia de que el Partido Popular, organización que preside José
Manuel Soria en Canarias, avance también este supuesto judicial como
prácticamente certero, viene a reforzar las sospechas acerca de la
perseverancia en pos de un deseo político claramente indisimulado.
"Creo
que hay que animar al PP para que no se obceque en negar la voz a las
miles de personas que en Canarias aspiran a reflejar su opinión, de la
legal y constitucional manera posible que se estime factible, sobre la
facilitada posibilidad a Repsol de que orade nuestros fondos marinos, el
pozo inmenso de las aguas que sustentan casi todos los presupuestos de
nuestra vida, que ya se cierne realmente como una alargada sombra sobre
todos nosotros", concluye.
